La extradición de una persona es solicitada por el país que requiere la presencia de la persona para ser juzgada o para cumplir una condena.
"Para México es condición primordial la ejecución de la totalidad de la pena de sixty años de prisión, ya que la ley no permite que en casos de delitos graves como el de secuestro haya beneficios preliberatorios y reducción de sentencias", agrega.
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Si la persona se fuga antes de ser extraditada, las autoridades mexicanas y francesas pueden colaborar para localizar y detener a la persona fugitiva en cualquier parte del mundo.
La extradición es una figura jurídica que tiene su fundamento en la necesidad de los Estados de concretar sus pretensiones punitivas sobre un individuo que ha violado sus leyes internas, pero que se encuentran imposibilitados para ejercer su jurisdicción penal allende sus fronteras. Asimismo, este mecanismo encuentra su fundamento en el principio de reciprocidad e inmunidad de jurisdicción de los Estados.
La extradición es una parte importante del derecho internacional, que se refiere al proceso por el cual un Estado entrega a otro a una persona acusada o sentenciada por un delito cometido en el extranjero.
El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artworkículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada weblink la postura de la SCJN, al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.
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Una vez que toda la documentación necesaria ha sido recibida, el Estado receptor debe proceder con la entrega de la persona solicitada al Estado solicitante. Esto se lleva a cabo generalmente a través de una autoridad policial o militar.
Por otro lado, analiza la forma en que México ha asimilado en su derecho interno dicho mecanismo de cooperación y las contribuciones mexicanas al desarrollo, consolidación y creación de normas uniformes de extradición en el ámbito regional latinoamericano. A lo largo de toda la obra, la autora se vale del derecho comparado para estudiar y confrontar las diferentes tradiciones jurídicas en materia de extradición imperantes en los países latinoamericanos y España, con el objetivo de rescatar todas aquellas similitudes que puedan coadyuvar a la creación de las ya mencionadas normas uniformes.
Una vez que la petición es presentada, el Estado receptor debe determinar si el solicitante es elegible para la extradición. Si el solicitante es elegible, el Estado receptor debe weblink emitir órdenes judiciales para que la persona solicitada sea entregada al Estado solicitante.
El mismo artículo en su párrafo segundo establece que cuando el Estado requerido alega la nacionalidad como una razón para negarse a entregar a la persona contra la que existe la orden de detención, las autoridades de ese país deberán juzgarlo conforme a sus leyes.
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